La necesidad de reformar la Ley Electoral

Una macroencuesta de Sigma-Dos (realizada el pasado 8 de enero) revela que al 66’2% de los españoles les gustaría que se realizara una reforma de la Ley Electoral para evitar que los partidos nacionalistas sean decisivos a la hora de que las listas más votadas en los comicios se dispongan a formar gobierno. Este porcentaje es lo suficientemente alto como para que el Congreso se plantee una reforma necesaria, quizás tomando como base el sistema francés de dos vueltas o el anglosajón, dejando de lado el reparto de escaños mediante la Ley D´Hont .

El actual sistema de reparto de escaños, que según el sondeo citado sólo gusta al 20’9% de la población, posibilita que partidos con escaso peso en votos a nivel nacional o con votantes casi exclusivamente periféricos tengan una fuerza decisoria en los órganos de Gobierno que no se ajusta a su tamaño. Que algunos partidos como CiU, ERC o PNV hayan tenido tanto peso en las formaciones de gobiernos de la breve historia democrática española podría entenderse por algunos sectores de la población como un desagravio comparativo entre la forma de hacer política desde Madrid hacia otras partes del territorio, tradicionalmente más leales a uno de los dos partidos mayoritarios. Cuanto más peso tienen los partidos minoritarios, nacionalistas y separatistas en el Congreso reciben un mayor eco mediático que les otorga capacidad de influencia, lo que significa que los votos de unos ciudadanos valen más que el del resto a tenor del poder que adquieren las formaciones tras elecciones.

No obstante, una hipotética reforma de la Ley Electoral no debe entenderse como un intento por apartar del Gobierno a las fuerzas menos representativas, sino como un paso hacia que la formación del Ejecutivo se equipare a los deseos de la mayoría de los votantes. Tampoco debe entenderse como un giro hacia el bipartidismo, sino el equilibrio entre porcentaje de votos y resultado.

Mariano Rajoy ha declarado en reiteradas ocasiones desde marzo de 2005 su intención de tratar de posibilitar que gobierne la lista más votada, pero, tal y como funciona la política española, posiblemente sus palabras se queden en intenciones si tiene la oportunidad de arrollar en la Cámara Baja con la ayuda de cualquier otro. Si realmente se quiere asegurar que gobierne quien más apoyos tenga, la única solución pasa por una reforma electoral consensuada.

Este cambio en la normativa plebiscitaria aseguraría que un partido con una mayoría abrumadora, aunque no absoluta, no se quede fuera del gobierno por la coalición de los demás, como por ejemplo ocurrió con el PP en los últimos comicios en Galicia.

La doble vuelta como se realiza en Francia permitiría que todos los partidos obtuviesen la representación que les corresponde en la primera vuelta, y que en la segunda las dos fuerzas con mayor sufragio se disputen la posibilidad de gobernar sin tener que ceder a las exigencias y presiones de terceros, lo que facilitaría la labor posterior del Ejecutivo y evitaría polémicas en la población como las que se han producido en los últimos años acerca de los distintos modos de hacer política desde Madrid hacia las diferentes comunidades autónomas, especialmente en lo referido al ámbito catalán. Es la única manera que en la actualidad podría asegurar que gobierne quien más se lo merece a ojos de la ciudadanía.